Manuel Salguero, el que fuera alcalde de Valdemoro en funciones, ha pedido a la Audiencia Nacional que archive su causa en el caso Púnica atendiendo a la reforma del delito de malversación impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Así lo asegura El Confidencial, medio que ha tenido acceso al texto firmado por su abogado, en el que se asegura que “no se ha lucrado en absoluto con ninguna de las acciones que se investigan en este Juzgado”.
Salguero asumió el cargo de alcalde de manera temporal en octubre de 2014, cuando fueron detenidos el entonces regidor de Valdemoro, José Carlos Boza, y el primer teniente de alcalde, Javier Hernández, y Germán Alarcón renunció al cargo. Le tocó entonces al concejal de Deportes, Urbanismo y Transporte del Ayuntamiento ocupar la silla hasta la elección de David Conde como primer edil en el pleno extraordinario celebrado en noviembre.
El actual portavoz del PP y candidato a las elecciones municipales que se celebrarán en mayo mantuvo a Salguero como número dos, en la figura de teniente de alcalde. Cuatro años después, el juez Manuel García Castellón le citó a declarar como imputado en la pieza 4 de la Púnica por presuntas facturas falsas en los contratos con empresas vinculadas con la trama e implicadas en la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid.
Por petición de la Fiscalía Anticorrupción, el 5 de septiembre de 2018, acudió a declarar junto a otros tres altos cargos del Ayuntamiento: el exinterventor, Juan Carlos Moreno; el exsecretario general del pleno, Jesús Molina, y el exjefe de servicio de Equipamientos, Pedro Hernández. Todos ellos negaron haber recibido presiones para intervenir en los contratos de la Púnica y defendieron su procedimiento de adjudicación.
Salguero continúa a día de hoy formalmente encausado en la pieza 4, en la que se investigan las “actuaciones urbanísticas fraudulentas” perpetradas en Valdemoro desde la llegada de Francisco Granados a la alcaldía en 1999.
El efecto de la reforma de malversación en la Púnica
La petición de Salguero ya ha llegado al Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular, el magistrado Manuel García Castellón, estudia si la reforma legal tiene incidencia en la Púnica. El juez ha pedido a la Fiscalía que revise sus acusaciones en cuatro piezas —entre ellas la 4— de esta macrocausa de corrupción, por si se diese el caso de que, como solicita el abogado de Salguero, hubiese que archivar la causa para alguno de los implicados tras los cambios en el delito de malversación que entraron en vigor el jueves.
La ley publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 23 de diciembre contempla la modificación del artículo 432 del Código Penal, relativo a la malversación. El Gobierno ha reescrito este artículo para castigar con entre dos y seis años a la autoridad o funcionario público que, “con ánimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio".
La oportunidad para Salguero viene de la mano del “ánimo de lucro”. Hasta ahora se castigaba con las mismas penas la malversación por administración desleal, que no exigía probar apropiación o lucro alguno, solo desvío de fondos del patrimonio público para un fin distinto al previsto ilegalmente. La defensa pide la absolución del exalcalde al considerar que no se enriqueció a título personal, algo que, de todas maneras, podría verse condenado con una pena de seis meses a tres años de cárcel —así lo recoge el nuevo artículo 432 bis— si el juez considera “que, sin ánimo de apropiárselo, destinó a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".
Fuente: zigzagdigital.com
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