Valdemoro estudia sanciones contra el crematorio por abrir sin que se haya aprobado el reglamento de funcionamiento

El alcalde de Valdemoro, Sergio Parra, asegura tras una segunda inspección de las instalaciones del crematorio por parte de Policía Local, se ha comprobado que ya está activo, aunque no está aprobado “el nuevo reglamento de funcionamiento, ni tiene la aprobación de los precios públicos”. 

No obstante, Parra precisa que el alcalde no puede obligar al cese de la actividad. Son los técnicos los que decidirán qué tipo de medidas tomar para luego aprobarlas en pleno, como “órgano de contratación” competente. A partir de ahí se podrán emprender las posibles sanciones o iniciativas acordadas, como podría ser la supresión de una actividad que comenzó el pasado 7 de noviembre, tal y como confirmaron a esta emisora desde la empresa adjudicataria.

Ya el 27 de diciembre, el concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Valdemoro, Javier Carrillo, preguntaba en pleno si había autorización municipal para que empezara a funcionar el crematorio. Tras la inspección policial y determinar que faltaban requisitos para su apertura, el alcalde indicaba que “se iba a proceder a poner en conocimiento del servicio jurídico y denunciar” el caso, según contaba en su twitter el edil.

También la asociación de consumidores ACUSVAL volvía a ponerse al frente de las protestas y hacía un llamamiento a vecinos y partidos políticos para una movilización masiva, por considerar que la emisiones del crematorio podrían afectar a la salud. Este punto fue negado por el director regional de Funeraria El Recuerdo, que conforma Pisan UTE, la adjudicataria del servicio, David Holgín. Decía que era “incierto” y que se trata de una “idea fruto del desconocimiento de cómo funcionan las funerarias”, aunque sí afirmaba contar “con todas las condiciones medioambientales” exigidas por ley.

El proyecto de construcción de la infraestructura se remonta a 2014 cuando el Ayuntamiento de Valdemoro, gobernado entonces por el PP, adjudicó la construcción y la explotación del servicio de crematorio a la empresa Prisan UTE, en el cementerio municipal. La decisión despertó una fuerte oposición vecina, tampoco gustaba la medida al resto de grupos políticos, de forma que al final tuvo que ser la Justicia, a requerimiento de la empresa, la que obligará al Ayuntamiento a cumplir con el contrato.

Fuente: cadenaser.com